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Esta compensación se abonará en una paga que se ingresará a los pensionistas alrededor del 20 de enero de 2011 y supondrá un desembolso de 1.135 millones de euros,  y se consolidará en su nómina del próximo ejercicio, lo que significará otros 1.337 millones de euros.

Esta compensación provoca que, a efectos prácticos, los pensionistas verán incrementada su pensión a partir de enero en un 1,2%, con carácter general, y en un 2,2%, para los 3.312.352 perceptores de pensiones mínimas, SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad) no concurrente con otras pensiones, pensiones no contributivas y prestaciones familiares.

La compensación por la desviación de inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2010.

En enero del presente año, los pensionistas españoles no recibieron  paga compensatoria pues la subida de pensiones en 2009 fue superior a la inflación y el colectivo ganó entre 1,6 y 6 puntos de poder adquisitivo, 1.280 millones de euros.

Como parte de su plan de ajuste, el Gobierno ha decidido congelar las pensiones contributivas para 2011, lo que significa que éstas no subirán, más allá de la compensación que recibirán sus perceptores por la desviación de precios de este año. Es decir, que los pensionistas que no perciben prestaciones de mínimos notarán en su nóminas del próximo año que se les ha subido la pensión, pero sólo como resultado de la desviación de precios de este año.

En caso de que en noviembre de 2011 la inflación interanual se situara por encima del 1%, los pensionistas de mínimas sí serían compensados por la desviación de precios, pero sólo ellos, pues el resto de pensionistas, al no haber experimentado subidas en su prestación como consecuencia de la congelación, no recibirán compensación alguna.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ofrece a los empresarios y trabajadores autónomos que hayan resultado perjudicados por las lluvias y los fenómenos climatológicos recientes la posibilidad de aplazamientos del pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Según un reciente informe de la fundación Wolters Kluwer, los jueces y magistrados españoles recibieron de media en 2009 un 7,27% más de asuntos de los que pudieron resolver, ya que entraron 4.260.113 asuntos y de ellos sólo 3.981.025 pudieron ser atendidos.

El informe concluye que aunque esta situación ha mejorado respecto a los años anteriores, donde se excedía el número de asuntos en un 9,44% en 2007 y un 8,59% en 2008, los jueces tienen hasta un 37,61% de sobrecarga de trabajo. Este indicador empeora respecto al del año anterior.

Además, el Observatorio de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer ha cuantificado el número total de jueces y magistrados necesarios en un 10,55%, es decir, en 506 jueces y magistrados.

La mejor relación de efectivos respecto a la carga de trabajo se da en las Salas de civil y penal y en las Audiencias civiles y mixtas. La peor relación está en los Juzgados de lo social y en los mercantiles. Este indicador también ha mejorado frente a años anteriores, ya que en 2007 se concluyó que era necesario incrementar la plantilla en un 16,3% y en 2008, en un 13,14%.

Como muestra de esta carencia, el informe recuerda que el 18,13% del total de sentencias dictadas lo son por juzgadores que no forman parte de la carrera judicial, es decir, jueces designados de forma temporal y jueces y magistrados en activo pero que no están ejerciendo efectivamente en los órganos judiciales de los que son titulares. El incremento de este dato sobre el del año anterior es del 1,76%.

Empeora el tiempo de respuesta

El 72,44% de los órganos judiciales incrementó el tiempo en resolver los asuntos, con un empeoramiento del 2,57% respecto al año anterior como consecuencia del incremento de los asuntos pendientes y el crecimiento deficitario de la Planta, en número insuficiente en relación a los incrementos de las cargas de trabajo, entre otros factores

Otra de las conclusiones del Informe muestra que el 53,67% de los asuntos son juzgados en un plazo considerado óptimo, porcentaje inferior en un 2,75% al del año 2008. 

El número de ejecuciones pendientes en todos los órganos judiciales alcanzó la cifra de 2.101.523, la más alta en términos comparativos de los últimos años.